El intendente Enrique Ponce vetó el protocolo que garantiza la transparencia en el traspaso de gestión
La ordenanza había sido sancionada por el Concejo Deliberante para regular el cambio de autoridades. Fue promovida como una herramienta de rendición de cuentas.
Enrique Ponce vetó ayer el “Protocolo de Traspaso de Gestión Municipal" que fue presentado por los concejales del Frente San Luis Unido con el fin de “brindar transparencia y seguridad jurídica a la gestión entrante”.
El intendente ejerció la atribución a través del decreto N° 1586-SLyT-2019 y el secretario de Gobierno, Jorge Lucero, lo formalizó de inmediato al Concejo Deliberante.
La legislación fue impulsada para garantizar la transparencia y como una rendición en el marco del recambio de autoridades. En este sentido el Concejo propuso otras medidas como el debate de candidatos a intendente y concejales. El primero obligatorio se realizará el 30 de octubre.
Ya hubo un debate a instancias de un canal de televisión al que el candidato del oficialismo municipal, Enrique Picco no asistió.
“(La ordenanza) pone en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo deliberativo municipal, pretendiendo reglamentar y/o imponer la realización de actos que corresponden en exclusividad al departamento Ejecutivo”, sostuvo Ponce en los considerando del decreto que fue rubricado por Lucero y el secretario Legal y Técnico, Ignacio Campos.
En este sentido, objeta la intervención del Concejo Deliberante argumentando en "la base de división de Poderes que sostienen la esencia republicana de la democracia”.
La normativa busca que el jefe comunal entrante pueda contar con “la información de gestión necesaria en el marco de los deberes y atribuciones que reviste el ejercicio de la función”.
Fue aprobada con el voto de los legisladores del Frente San Luis Unido y Unidad Justicialista. El bloque de San Luis Somos estuvo ausente al momento de votar la ordenanza.
Por eso, prevé que el intendente saliente y sus funcionarios presenten, con un mínimo de diez días antes de dejar su cargo, una serie de informes y declaraciones sobre el estado de las finanzas, de la infraestructura municipal, las obras ejecutadas y a finalizar, las diferentes políticas aplicadas, el cumplimiento de pactos o acuerdos, las reclamaciones e intimaciones extrajudiciales y judiciales, y el estado de las secretarias. También prohíbe el nombramiento de personal en el último tramo del mandato.
Ponce aseguró que el protocolo quebranta la Carta Orgánica municipal y la Constitución provincial debido a que cada Poder debe ejercer “las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía”.
Seguidamente subraya que el Ejecutivo tiene fijadas en las normativas sus “atribuciones y competencias expresas”.
Ponce dejó sentado que en su condición de intendente puede “determinar acerca de la oportunidad, mérito y conveniencia de la implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las mismas”.
Al mismo tiempo consideró como “inoportuno” que la aprobación se haya producido en “pleno desarrollo del proceso eleccionario para la renovación de las autoridades comunales”.
Por ahora no se conoce la decisión definitiva del cuerpo frente al veto total.